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Miguel Ignacio González Sánchez ha conseguido comprar hasta cuatro viviendas en tan sólo cinco años coincidiendo con su etapa en el ayuntamiento de Boadilla del Monte. En 2001, a los pocos meses de fichar como asesor de Arturo González Panero, ex alcalde de Boadilla imputado en el caso Gürtel, Miguel Ignacio González adquirió un apartamento en pleno casco histórico de Salamanca, su tierra natal. Pero sin duda, su mejor año como nuevo propietario de inmuebles fue en 2.004: en marzo compra un dúplex de 60 metros cuadrados en el Madrid...
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El ayuntamiento de Barakaldo, del PSOE, ha pagado casi 800.000 € durante dos años a una empresa por la gestión de un centro de día que no se ha llegado a abrir.
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Los arrestos están al parecer relacionados con diferentes actos violentos llevados a cabo en los últimos meses tanto en Navarra como en la Comunidad Autónoma Vasca, cuya autoría fue asumida por el grupo de ultra derecha "Falange y Tradición" en un comunicado el pasado 22 de septiembre.
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El presidente Obama ha reafirmado un acuerdo secreto de hace cuatro décadas que ha permitido que Israel mantenga un arsenal nuclear sin abrirlo a inspecciones internacionales, dijeron tres funcionarios familiarizados con el acuerdo.
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Los líderes extremeños del PSOE y del PP han firmado hoy un acuerdo de 16 puntos que regula aspectos como sueldos, dietas, viajes, coches oficiales o publicidad institucional, para mejorar la austeridad y la transparencia en la Administración regional, provincial y local. El denominado Código del Buen Gobierno. Esto afecta a organismos y empresas estén participadas mayoritariamente por socialistas y populares, y está abierto a que se pueden adherir otras fuerzas políticas.
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El 17 de septiembre, el Parlamento Europeo aprobó, con 349 votos a favor , 218 en contra y 46 abstenciones, una resolución que condena la nueva ley de menores lituana. Esta norma considera un delito “promover la homosexualidad”, entendiendo como tal explicar lo que es en clase, indicar que es una orientación sexual mas, abrir locales para gays y lesbianas u organizar manifestaciones o actos por la visibilidad de las minorías. Vulnerar estas normas podría acarrear detenciones, condenas a trabajos públicos y multas de hasta 1.500 euros.
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